Video de skater en silla de ruedas

Video en inglés que muestra imágenes del  jóven deportista diverso-funcional, Aaron Fotheringham, practicando skater con su silla de ruedas

El PP califica de «estafa» el reparto de fondos del Gobierno para la Ley de Dependencia

Andalucia, Cataluña y Galicia han sido las comunidades autónomas más beneficiadas en el reparto de fondos estatales de la Ley de Dependencia, según confirma la ministra Cabrera. El PP lo califica de «aguinaldo» y considera que se trata de «una gran estafa» del Gobierno.

(Libertad Digital) El portavoz de Dependencia del Grupo Popular, Miguel Barrachina, acusó este martes al Gobierno de dar un “aguinaldo” a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, usando “sectariamente el dinero para las personas dependientes e inventando un nuevo criterio para favorecer a las autonomías socialistas”.

Así, Barrachina calificó de “escándalo” que la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se permita “premiar” con un 20% del crédito extraordinario del Fondo Especial del Estado para combatir la crisis a aquellas autonomías que, a su juicio, atienden a un mayor número de personas dependientes.

En este sentido, Miguel Barrachina tachó de “tramposa” a la ministra, que ayer con un nuevo criterio dio un “aguinaldo inesperado” a las autonomías socialistas.

Tanto es así que de la distribución de “esa nueva lotería nacional del 20% del fondo”, el Gordo se lo llevó Andalucía con casi 22 millones de euros, el segundo premio fue a Cataluña con 13 millones, el tercero a Galicia con 6 millones, y ya en la pedrea con solo 4 millones Castilla León, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y con 3 millones Aragón, Murcia y Madrid; el resto tuvo cuantías aún menores.

El diputado popular desveló que el criterio usado por la ministra para, según ella, “premiar el esfuerzo hecho” consiste en que aquellas autonomías como la de Andalucía, que más han precarizado la atención a mayores y discapacitados, con denuncias incluidas de sindicatos y empresarios, obtienen recompensa.

De los 74 millones que Cabrera ha distribuido en forma de aguinaldo, Andalucía con el 17% de la población logra el 30% del total y Madrid con el 13% de los habitantes solo alcanza el 5% de esta nueva lotería instituida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

De esta manera, cuando el Ministerio atiende sólo al número de beneficiarios, aquellas autonomías que, como Andalucía, han optado por instituir un nuevo PER, «una nueva red clientelar», con pequeñas cantidades para llegar con “cuidados informales” y “atención no profesional” a un gran número de personas, se llevan la mayoría de los recursos que debieran ser por igual para todos los españoles.

El Gobierno penaliza a las CCAA que cumplen la Ley

Barrachina recordó además que los citados “cuidados informales en el entorno familiar”, que suponen el 50% de las prestaciones y servicios concedidos en Andalucía, la Ley de Dependencia los contempla como excepcionales en el artículo 18, y sin embargo a las autonomías que han cumplido, como Madrid,  se han visto penalizadas por Zapatero.

Para el diputado popular, “es una verdadera estafa” el cómo se han usado los datos para esa distribución, ya que debiera contabilizarse el total de los fondos destinados por cada autonomía para evaluar el esfuerzo realizado y no los datos de “presuntos” beneficiarios.

En el caso de Cataluña, de los 69.092 beneficiarios, hasta 43.274 tienen una “prestación sin especificar” que incluso podrían no tener ninguna y 17.115 han obtenido “cuidados informales”, y en el caso de Andalucía de los “presuntos” 114.775 beneficiarios que le han servido para lograr el premio gordo, 29.981 tienen una “prestación sin especificar” y más de 38.000 “cuidados informales”.

“Resulta pues curioso que las dos autonomías que peor cumplen con la Ley de Dependencia absorban el 50% del premio navideño, una vez más han podido más las siglas que las personas dependientes”, ironizó Barrachina.

El Gobierno dice que se crearán 35.000 empleos
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha señalado que el Gobierno prevé que con el fondo extraordinario de 400 millones que se destinará a las autonomías para potenciar la Ley de Dependencia se creen 35.000 nuevos empleos.

En conferencia de prensa, al término del Consejo Territorial de la Dependencia, Cabrera ha destacado que los 400 millones de euros se enmarcan en el reciente Fondo Especial del Estado para dinamizar la economía y el empleo aprobado por el Gobierno, y eleva la inversión en materia de dependencia para 2009 hasta 1.559 millones de euros, un 79 por ciento más de lo destinado este año.

Entre los objetivos de este fondo, según Cabrera, se encuentran los de reforzar el gasto social, ya que ahora «es más necesario que nunca» lograr que los beneficios de la Ley de Dependencia lleguen más rápidamente a los ciudadanos que más lo necesitan y ayudar a las comunidades autónomas a desplegar los servicios que establece la norma.

Ha señalado que esta aportación supone un «importante impulso para reforzar y consolidar la red de servicios de atención», de manera que cada vez más personas en situación de dependencia disfruten de los beneficios que esta ley les da derecho.

Tras destacar que las autonomías están pasando por «momentos económicamente complicados», ha destacado que los 400 millones pueden ayudarles a modernizar centros e instalaciones, ampliar la oferta de plazas y servicios, y a formar y cualificar profesionales.

La ministra ha puntualizado que el Consejo Territorial ha acordado también la actualización para el próximo año de la financiación del nivel mínimo, es decir la cantidad mensual que el Gobierno transfiere a cada comunidad por cada persona dependiente atendida en el marco de la Ley de Dependencia.

En el caso de gran dependencia se establecen dos niveles, y el nivel mínimo de las cuantías será de 263,93 euros para el caso del nivel 2, y de 179,47 euros, para el nivel 1; mientras que se establecen a partir de 102 euros para el caso de dependencia severa nivel 2, y de 70 euros para la dependencia severa nivel 1.

Cabrera ha resaltado que las prestaciones económicas han sido el único punto del día que ha sido sometido a votación por el Consejo Territorial, y se ha aprobado por diez votos a favor y siete en contra.

¿En silla de ruedas? Vuelva mañana

Una línea de autobuses niega una plaza a un discapacitado que compró su billete
PILAR ÁLVAREZ – Madrid – 31/12/2008

Primera forma de viajar de Madrid a Estepona. Comprar un billete de autobús, presentarse en hora en la estación de Méndez Álvaro, subirse al vehículo, peliculita, parada para el bocata, quizá un rato de siesta… Total: 7 horas y media de viaje, 618 kilómetros y 25 euros. Segunda manera: comprar un billete de autobús, presentarse en hora en la estación, no conseguir subirse al primer autobús, ni al segundo, no ver película, ni parada para el bocata, ni siesta. Total: más de 24 horas, 25 euros (los mismos) y ni un kilómetro de recorrido. Ayer, Manuel Lobato tuvo que conformarse con la segunda opción.

«Nos ha pasado muchas veces, siempre hay pegas», dice su hija
Porque Lobato, de 50 años y parapléjico, quería viajar con su silla de ruedas en el autobús de la empresa Daibus, del grupo Damas. No había rampa para que subiera ni hueco para que viajara, aunque envió a su hermano a confirmar su reserva en ventanilla. Tras varias opciones fallidas, una reclamación y múltiples visitas a la ventanilla, le dijeron aquello de: vuelva usted mañana. «Yo sabía que no las tenía todas conmigo, pero quería probar», explicaba ayer el hombre junto a la taquilla de Daibus. Sentados en el suelo, sus dos hijos, Marta, de 19 años, y Alberto, de 14, que también se quedaron en tierra sin poder empezar su plan para fin de año.

Marta suspira cuando se le pregunta si los problemas de viaje son algo habitual. «Nos ha pasado un montón de veces, un montón, siempre hay alguna pega», asegura. Alberto, sentado a su lado, la mira sin decir nada. Y su padre detalla el rosario de esperas en trenes, aviones, taxis y otros vehículos por querer viajar en silla de ruedas.

Esperaba que esta vez fuera distinto, pero no hubo suerte. Manuel Lobato, que vive en Logroño con su familia, compró los tres billetes hace dos semanas. Normalmente, viajan en tren o en avión pero se decidió por el autobús interurbano por primera vez porque la empresa prometía. Daibus ofrece el 100% de la flota equipada con plataforma elevadora para el acceso de minusválidos en sillas de ruedas y asegura en su página web que disponen de una plaza para discapacitados por viaje. Confiado, el viajero llegó ayer a la estación con los billetes en la mano una hora antes de que saliera su autobús. Comenzó a subir la gente y el conductor le dijo que él se quedaba en tierra, que la rampa no funcionaba, que la reserva de su plaza se debía a «un fallo humano». Y Lobato se plantó en la parte trasera del autobús e intentó pararlo para que no saliera. «Me ha quitado de en medio la policía», explica horas después. «Lo han levantado al peso, con silla y todo», añade su hija. Subió a la taquilla y pidió otro billete.

Primero le prometieron viajar en el autobús de la una de la tarde. Después le dijeron que lo intentara de noche. «Me he negado, mi salud no me lo permite», explica. Y presentó una reclamación en la ventanilla donde ayer una trabajadora le miraba con cara de circunstancia al otro lado del cristal. Una portavoz de Daibus declinó hacer declaraciones sobre la denuncia de Lobato. «Responderemos cuando nos llegue la reclamación», señaló. A la familia le han facilitado otros billetes para hoy por la mañana. Otra vez a las once de la mañana. Sin indemnizaciones por la espera, asegura.

No estuvo solo en la estación. Lobato es miembro del Foro de Vida Independiente, un colectivo que unos 800 miembros que lucha por la visibilidad de la discapacidad. Javier Romañach, uno de los socios, estaba ayer en la estación de Méndez Álvaro. «Lo único que digo es que las leyes se deberían de cumplir y en nuestro caso el incumplimiento es sistemático», señala. El Real Decreto 1544/2007, que regula la accesibilidad para discapacitados en los transportes, establece que los autobuses interurbanos deben tener reserva de plazas para discapacitados -un 6% de la población sufre discapacidad relacionada con la movilidad, según el INE-, y los vehículos deben incluir un acceso para los que viajan con su propia silla.

«Al final asumimos que no podemos viajar porque ocurre siempre lo mismo, buenas palabras y un padre y dos hijos en la calle tirados», añade. «Lo del transporte es un problema grave», añade al teléfono Alberto Rodríguez, de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). «Se está mejorando, las adaptaciones necesarias llegan poco a poco, pero cuando una rampa se estropea pasa mucho tiempo hasta que la arreglan», añade.

«Las empresas prometen medios pero ya tendrían que tener todo su parque automovilístico adaptado». Foro de Vida Independiente y Cocemfe reciben quejas «continuas» por problemas relacionados con el transporte. Quejas como la de Lobato que, si hoy coge su autobús, habrá perdido más de un día para viajar de Madrid a Estepona.

En una entrevista concedida al Cermi.es: La ministra de Vivienda asegura que el Nuevo Plan Estatal “facilitará el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad”

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 fue aprobado el pasado 12 de diciembre y cuenta con 10.188 millones de euros e incluye aportaciones y sugerencias del CERMI
 
Según la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, las personas con discapacidad constituyen un grupo de protección preferente en el acceso a VPO con ayudas reforzadas
 
(Madrid, 29 de diciembre de 2008).-
 
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado en una entrevista concedida al periódico ‘cermi.es’ que el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012  “facilitará el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad” al considerar a este sector social como grupo de protección preferente en el acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO), entre otras medidas.
 
Este nuevo Plan, aprobado por el Gobierno el pasado 12 de diciembre, cuenta con una financiación de 10.188 millones de euros e incluye aportaciones y sugerencias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
 
Según datos de la Encuesta EDAD 2008, el 8,5 por ciento de la población española tiene algún tipo de discapacidad, lo que supone que en la actualidad hay 3,8 millones de personas a las que se debe facilitar el acceso a una vivienda que se ajuste a sus necesidades para que el derecho a una vivienda que establece la Constitución sea real.
 
Como medidas para alcanzar este fin, según la ministra, las personas con discapacidad y, por primera vez, las personas en situación de dependencia, y las familias que las tienen a su cargo, están consideradas entre los beneficiarios con derecho a protección preferente en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
 
Esto supone, según Corredor, que a la hora de determinar la renta familiar, la condición de dependencia o discapacidad será uno de los factores que se deberán tener en cuenta al fijar el coeficiente reductor de ingresos.
 
Además, según los datos aportados por la titular de Vivienda, estos ciudadanos son los que mayor cuantía recibirán de Ayuda Estatal Directa a la Entrada para la compra de una vivienda protegida. Por ejemplo, “si ingresan al año hasta 2,5 veces el IPREM, poco más de 17.000 euros, tendrán derecho a 12.000 euros, mientras que la cuantía general es de 8.000”.
 
Por otra parte, para Corredor, en caso de compra de una VPO, a las personas con discapacidad “se les incrementará la subsidiación del préstamo convenido durante los primeros cinco años de amortización en 55 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo,  si sus ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM y en 33 euros si los superan pero no están por encima de 4,5 veces el IPREM”.
 
Asimismo, la ministra asegura que las Comunidades Autónomas deberán dar preferencia a este grupo social en la asignación de ayudas cuyo número está limitado por los objetivos convenidos con este Ministerio.
 
Como otra de las medidas adoptadas por el Ministerio para facilitar el acceso a una vivienda en propiedad a este grupo social, toda persona con discapacidad, en situación de dependencia o que tenga una persona a su cargo, tendrá derecho a una VPO aunque ya sea propietaria de una vivienda libre siempre que su valor no exceda del 60% del precio de la casa que quiere adquirir.
 
Corredor ha afirmado también que la “rehabilitación es un eje estratégico del nuevo Plan, que contiene  una serie de ayudas RENOVE a las actuaciones en edificios y viviendas destinadas a mejorar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y suprimir barreras de todo tipo”.
 
De acuerdo con el nuevo Plan, para la rehabilitación de edificios la comunidad de propietarios podrá  obtener un préstamo igual al coste total de las obras que vayan a acometer sobre los elementos comunes, entre otras opciones.
 
Por su parte, en el caso de una vivienda, sus ocupantes o propietarios podrán obtener subvenciones de hasta 3.400 euros, o de hasta 6.500 euros si la casa se ha destinado a alquiler durante un mínimo de cinco años. 
 
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más 4.500 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

Un proyecto de la UAH para la prevención de la Discapacidad Mental en Nicaragua, PREMIO MEDICINAGENERAL 2008 a los valores solidarios

Alcalá de Henares, 20 de enero de 2009. El proyecto Prevención de la Discapacidad Mental por hipotiroidismo congénito en los países en vías de desarrollo, llevado a cabo por un grupo de profesores de la Universidad de Alcalá, ha resultado ganador de los Premios medicinageneral 2008 que otorga la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en la categoría de acciones que promueven valores solidarios.
El trabajo desarrollado por la UAH consiste en un estudio de la deficiencia nutricional de yodo y del hipotiroidismo congénito, iniciados en 2004 y 2005, respectivamente, en Nicaragua. Esta actividad se inicia debido a que el hipotiroidismo congénito (HC) es la causa más frecuente de discapacidad mental prevenible y en Nicaragua no existía ningún programa para su diagnóstico.

El equipo que ha realizado este trabajo está compuesto por dos profesores de la Universidad de Alcalá: Eladio Montoya, catedrático del Departamento de Fisiología y coordinador del Programa desde 2002 y por María José Toro, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, actualmente vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales) y que fue la coordinadora del Programa entre 1999 y 2002.

Completan el equipo de trabajo Salvador Perán, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga y director del Programa de Cribado Neonatal (Hospital Carlos Haya, Málaga); los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), José Miguel Rodriguez Frade y Mario Mellado García; la técnico de laboratorio del Servicio de Salud de la Comunidad de Castilla-León, Mariluz Redondo, y el doctor en Químicas, Mario Castro, ya jubilado, que ha actuado como voluntario.

Este proyecto realizado en Nicaragua ha sido posible gracias al Programa de Cooperación que desde hace 20 años mantienen la Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León). Más recientemente se ha producido la regionalización de estos programas, integrándose instituciones universitarias de otros países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y Honduras).

En 1997 se estableció una acción específica en forma de Programa de Medicina (Bioquímica), cuyo objetivo era la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la formación de profesionales en Bioquímica y de los futuros egresados y el montaje y desarrollo de un laboratorio de análisis clínicos.
 
Premios medicinageneral
Estos premios están destinados a reconocer los mejores trabajos científicos publicados en la revista medicinageneral durante el año en cuestión, a apoyar las iniciativas que estimulan la formación continuada de los facultativos y a promover los valores sanitarios, sociales y humanitarios.

medicinageneral es una publicación mensual dirigida a los socios y a los profesionales de la sanidad, especialmente a los de Atención Primaria.

Carta abierta de Mª Ángeles Sierra a Manuel Chaves en demanda de solución inmediata ante la vulneración de un derecho fundamental

Publicado en inSurGente
Rapto y violación

por Vicente Valero
El otro día recogían los medios de comunicación que un hospital un enfermo había muerto de cuatro tiros y la cosa tuvo gran eco, pero en un hospital público una madre fue torturada de la manera más inhumana que se conoce: se le quitó a su hijo a las 48 horas de haber nacido, y nadie dijo nada. El pecado de la madre era tener una discapacidad intelectual, lo que le da derecho a que el Estado le ampare para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.

Según se recoge en la prensa, se presentaron en el hospital una trabajadora social de la Junta con dos policías y se hizo que una enfermera sacara a la recién nacida de la habitación para que, supuestamente, la viera un pediatra. Además, cuando el padre de la niña se dio cuenta de qué estaba sucediendo, intentó evitarlo y fue reducido por los dos policías. El personal sanitario está consternado y la enfermera engañada, muy afectada. Estoy seguro que la Fiscalía abrirá una investigación para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Parece ser que los padres no están incapacitados judicialmente y que en la retirada de la recién nacida no se les mostró orden judicial ni explicación alguna. Sin duda se trató de un rapto de un menor y de una violación de derechos de una madre con discapacidad, causando un daño moral imposible de justificar.
 
La madre tiene una discapacidad intelectual, pero no ha precisado asistencia de los servicios sociales para llevar adelante el embarazo. Necesitará apoyos para ciertas actividades, pero estos deben ser proporcionales a las carencias que su discapacidad le ocasiona.
 
Por experiencia personal puedo asegurar que los padres con discapacidad no tenemos ningún tipo de ayuda social para llevar adelante la dura tarea de ser padres y procurar a nuestros hijos cuanto necesitan.
 
En medio de este panorama se celebró en mi pueblo, a finales del mes de febrero de 2003, el «I congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad». Entre los temas que se trataron estaba lo relacionado con la sexualidad y el derecho a la maternidad de las mujeres discapacitadas, y la administración, a la hora de las fotos, se comprometió a adaptar a la legislación en la materia a las conclusiones a las que se llegó en el Congreso.
 
A finales de 2003 saltó a los medios el tristemente conocido caso de «El niño de El Royo». Los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León elaboraron un montón de informes y actuaciones referidas a la defensa de los derechos del niño, pero ninguno sobre medidas concretas de apoyo para compensar las posibles dificultades que tuviera la discapacitada para ejercer su función de madre. La Junta se limitó a aventurar que el niño quedaría en desamparo y se esforzó en no hacer nada que proporcionara apoyos a la madre, lo que llevó a que años después fuera vista mendigando con su hijo. La Junta de Andalucía aplica la misma medida y se pasa por donde cada uno quiera entender la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, a vuela pluma, machaca los artículos: 6, 12, 15, 16, 17, 19, 23 y 28.
 
Los Servicios Sociales son capaces de detectar que una discapacitada pide limosna acompañad a de su hijo menor y son incapaces de detectar previamente la falta de recursos de esta madre y poner los medios para solucionarlo. Se prefiere pagar 2500 euros a una familia acogedora temporal que emplearlos en la atención integral de madre e hijo.
 
A raíz del Congreso Mujer y Discapacidad, con motivo del Día Internacional de la Mujer del 2003, el Gobierno Autónomo de mi comunidad concedió uno de los galardones a la pintora y fotógrafa Alison Lapper por su condición de madre y discapacitada, nació sin brazos ni piernas. Una escultura dedicada a ella, llamada «Alison Lapper embarazada», realizada por el artista inglés Marc Quinn cuando esperaba a Parys, fue colocada en Trafalgar Square de Londres. En Argentina la retirada a las madres de sus hijos se hizo durante un tiempo en la Escuela Mecánica de la Armada
 
El hecho es que mientras se galardonaba a una discapacitada extranjera, que contaba con una asistente personal pagada por los servicios sociales de su país, para su cuidado y ayuda en la crianza de su hijo, en nuestro país las ayudas a mujeres junto con hijos menores a su cargo, que presentan una problemática, resulta que no se contempla su aplicación material a las mujeres con discapacidad. Cómo se explica que existan prestaciones y servicios para:
 
a) Mujeres víctimas de violencia doméstica con hijos a cargo.
 
b) Mujeres jóvenes que presenten problemática de desestructuración familiar, falta de habilidades sociales y/o personales y/o problemática social asociada, que impidan su correcta inserción en la sociedad de forma autónoma.
 
c) Jóvenes con necesidades de apoyo específico en habilidades de crianza; y se le retire una hija a una persona con discapacidad a las 48 horas de haber nacido.
 
Para retirar la custodia a la discapacitada qué medidas de apoyo y compensación han puesto para que esta madre pueda, en igualdad de oportunidades, ejercer su condición de madre. No es razonable que los Servicios Sociales alardeen de defender los derechos del menor y cercenen los de los discapacitados.Afortunadamente las asociaciones feministas, el Ministerio de Igualdad, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el de Interior y otros órganos administrativos están ahí para velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto de la Convención de las Personas con Discapacidad. Que se note.
 
Valencia, 11 de enero de 2009

 

Vicente Valero Sanchis

Velador por el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
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Carta Abierta al Presidente de la Junta de Andalucia en demanda de solución inmediata ante la vulneración de un derecho fundamental
 
Sr Chaves
 
 
Habiendo leído a través del diario digital La voz.es, la siguiente noticia cuyo enlace le proporciono http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090110/ciudadanos/junta-retira-recien-nacido-20090110.html en relación al caso de Sara y David, dos padres con diversidad funcional a los que recientemente y de forma cautelar se les ha retirado la patria potestad, 48 horas después del nacimiento de su hija, permítame como representante máximo del pueblo andaluz que es, hacerle unas cuantas reflexiones y solicitarle puesto que el expediente de estos padres aun está en tramitación, tenga a bien a la mayor brevedad posible llevar a efectos su revocación instando a los servicios sociales y tutelares, a quienes además debería exigir por su acción responsabilidades, a la búsqueda de soluciones que estos padres con inmediatez precisan, garantizando con ello su derecho a la familia,; tanto de ellos como de su recién nacida.
 
 
La recientemente aprobada Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 23 garantiza el derecho de las personas con diversidad funcional  a formar una familia y a que las administraciones públicas y la sociedad española en su conjunto aporte los recursos necesarios y suficientes para que así sea como se deriva del texto de la convención
 
 
El Artículo 15.  de la misma Convención dice textualmente
 
 
1.-Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. En particular nadie será sometido a sometimiento médico o científico sin su consentimiento.
 
 
2.-Los Estados partes tomarán las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas. Para evitar que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
 
 
Esto Sr Chaves, lo miremos por donde lo miremos,  implica una tortura psicológica, un trato además de discriminatorio degradante, para estos padres, ante quienes procedió una parte de la Administración Pública que Ud representa, no para dotar de medios y dar una oportunidad  sino para privarles de su derecho legítimo y natural, ya ejercido,  de ser padres, con el único argumento de proteger al recién nacido, aun consistiendo esa protección en separar del seno materno y de forma no consentida por sus progenitores,  a ese bebé 48 horas después de haber nacido.
 
 
Por lo que con carácter solidario, como ciudadana con diversidad funcional y responsable con el pleno desarrollo de esa convención de derechos que nos protege, insto a Ud como máximo representante  Administrativo de esta  particular situación, a que adopte las medidas pertinentes, conforme a la legislación de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad,  y el derecho internacional vigente.
 
 
Atentamente
 
 
Mª Ángeles Sierra

Andalucía.Feaps aboga por el derecho a la paternidad de las personas con discapacidad intelectual.

Servimedia / Sevilla- 20/01/2009

La Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps Andalucía) aboga por el derecho a la paternidad de las personas con discapacidad intelectual y entendió que, «en principio», la retirada de un bebé a sus padres, con discapacidad intelectual, «lesiona los derechos» que asisten a los progenitores.
Feaps Andalucía se refirió así al caso de una pareja de jóvenes con discapacidad intelectual a la que la Junta de Andalucía retiró recientemente a su bebé en San Fernando (Cádiz).
Esta federación dice que «sin perjuicio de los datos que resulten en el expediente que ha de basar la resolución administrativa, y de la procedencia de las medidas de protección del menor, que confía hayan sido sobradamente justificadas, entiende que, en principio, la actuación efectuada por la administración andaluza lesiona los derechos que asisten a los padres, al desempeño de su paternidad, pese a la discapacidad intelectual que puedan padecer».
Así lo proclama expresamente en su artículo 23 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada posteriormente por España, continúa la nota.
En opinión de Feaps Andalucía, lo procedente sería establecer un programa de intervención y apoyo, que permita que los progenitores puedan disfrutar de su paternidad con las ayudas precisas de la administración y de organizaciones como ésta para que la «separación impuesta» sea temporal.

Sentencia condenatoria por vejación basada en la Convención de la ONU

16-01-2009 – (JURISMADRID)

Un juzgado de Huelva ha condenado al propietario de un establecimiento que se negó a atender en su local a unas personas con discapacidad intelectual que fueron a dicho local.
La sentencia considera probada la actuación discriminatoria del acusado y, finalmente, valora la misma como una falta de vejaciones, de la que fueron víctimas al menos las cuatro personas denunciantes, y condena al autor de los hechos a abonar una multa.
Para lograr esa condena, la acusación particular se basó en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por Naciones Unidas, que sanciona cualquier tipo de discriminación y reafirma el derecho a la igualdad y la dignidad de estas y obliga a los estados partes a impedir cualquier conducta que lesiones tales derechos.
La sentencia garantiza así que estas obtengan un tratamiento igual, digno y no discriminatorio y sanciona la inadmisible actuación de discriminación, que entiende como una evidente vejación injusta, de que fueron objeto aquellas, por razón de su discapacidad.

«Dijeron que se llevaban a mi hija por ser incapaces»

Una pareja de discapacitados a la que la Junta ha retirado a su bebé defiende que están preparados como padres y pide una vivienda para que se la devuelvan.

EL MUNDO. 
16/01/09 – ANDALUCÍA

EDUARDO DEL CAMPO / Sevilla

 

Sara Maldonado, de 24 años, que ha trabajado como camarera de piso en hoteles, y David Olvera, de 22, con experiencia de albañil, se conocieron hace dos años, se enamoraron, se fueron a vivir juntos, se registraron en el Ayuntamiento de San Fernando como pareja de hecho y, como tantas otras, hicieron planes para tener hijos algún día, porque los niños les encantan.

Ese día llegó el 7 de enero, cuando, a las 13.20 horas, nació su hija Esmeralda en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Llenos de felicidad, hicieron lo que se espera de unos buenos padres: limpiarle el culo de caca y cambiarle el pañal, darle de comer, acunarla, abrazarla, quererla… Y hacerle una foto con la cámara del móvil para llevarla a todas partes. Ahora Sara duerme con el móvil en el hospital en un intento de aliviar la pesadilla que están sufriendo despiertos.

Habían pasado menos de 48 horas con su recién nacida cuando, el 9 de enero, al mediodía, se presentaron en la habitación 416 dos policías, una asistente social y una trabajadora del servicio de menores de la Junta de Andalucía para llevarse a la bebé. La Delegación de Bienestar Social en Cádiz asumía «provisionalmente» su tutela argumentando que como son discapacitados y han vivido en un piso sin luz ni agua en San Fernando, no pueden asegurar el cuidado de su niña. Una medida preventiva que se adopta sin que ni Sara ni David le hayan hecho a su hija daño alguno.

No están locos, no son tontos y se explican muy bien. «Nos engañaron diciendo que la iban a llevar al pediatra, y ya no la trajeron», cuenta por teléfono el padre. «Los policías me empujaron contra la ventana como si hubiera hecho algo malo. Se han llevado a mi hija sin orden judicial y sin permiso nuestro. Hemos estado malos de los nervios, llorando».

«Me sentí morir», recuerda la madre. «La razón que me dieron es que nosotros no podemos mantenerla porque no somos capaces y no tenemos vivienda. Les dije que yo no tenía la culpa, que me iba a quedar en el hospital el tiempo que hiciera falta [hasta que les ayudaran a encontrar alojamiento adecuado], se lo dije llorando, y no me creyeron».

Los padres explican que son víctimas de una terrible injusticia y que la tía de Sara, Pilar Pino, su tutora legal desde niña debido a los problemas mentales de la madre de la joven, los denunció ante el servicio de protección de menores para que les quitaran la tutela de su niña después de que ellos la denunciaran previamente en el juzgado por maltratar a su sobrina y quedarse con el dinero de la paga que recibe por su incapacidad intelectual reconocida del 65%.

«Dicen que su tía los denunció a la Junta tras acusarla de maltrato y quedarse con su paga»

«No puedo disponer de la pensión, se niega a dármela. Cuando voy a pedirle ayuda económica, se pone como una fiera y me pega», cuenta Sara.

Dice que los malos tratos comenzaron a raíz de su noviazgo con David, al que su tía rechaza acusándolo de estar «loco». «Mi tía me amenazaba, me decía que me iba a meter en un colegio interna, yo estaba aterrada.

Me jalaba de los pelos, me daba bocados… Una loca. Estamos a la espera de que salga el juicio».

Esos 328,40 euros mensuales de la pensión que ahora dice que le retiene su tía, sumados a los 279 euros que cobra David por su «incapacidad visual del 82%» (él subraya que no sufre problemas mentales ni intelectuales aparte de crisis de ansiedad), les permitiría defenderse mientras buscan trabajo y techo.

De momento, a falta de sólidos apoyos familiares, les han dejado quedarse en el hospital mientras se aclara la situación y consiguen plazas en algún centro especializado o piso tutelado donde puedan vivir los tres.

O mejor aún, dice él, en una vivienda normal y corriente. El alcalde de San Fernando ya conoce el caso pero aún no ha ofrecido una solución.

La Junta les permite ver a su hija sólo una hora a la semana en el centro de protección San Carlos de Chipiona.

La visitaron el martes. El padre cuenta que les han dicho que en tres meses se la podrían devolver si demuestran buen comportamiento.

Un portavoz de la Delegación dijo ayer que se está estudiando el caso y que la primera opción es que la niña vuelva con sus padres. Este diario intentó hablar con la tía de Sara acusada de maltrato, pero su número de teléfono en Chiclana no funcionaba.

«Hace siete años se nos vino el mundo encima y ahora tenemos una comunicación fluida con Laura»

elPeriódico – Extremadura
23/01/09
«Nos enteramos cuando Laura tenía ocho meses y se nos vino el mundo encima». La amplia sonrisa de Mari Sol Salgado se torna en gesto serio cuando recuerda ese momento: el día que le comunicaron que Laura, su hija, tenía sordera profunda. «Era una hija muy deseada, después de 20 años intentando tener familia y tras un embarazo normal que culminó en una cesárea programada y sin complicaciones», explica.

Por eso el escáner que les confirmó que la niña no tenía cóclea –conocida también como caracol , es una estructura en forma de tubo enrollado en espiral, situada en el oído interno y que contiene el órgano de Corti, el del sentido de la audición– rompió los esquemas de esta familia que, tras siete años y un largo aprendizaje, mira con distancia ese momento.

«Nuestro entorno asumió el problema de la niña y lo afrontó bien. Eso nos ayudó a nosotros a hacerlo, porque al principio lo llevamos fatal«, reconoce Salgado, que incide en la importancia que la familia ha tenido en la normalización de la vida de Laura. «Solo tiene siete años, por lo que para ella la comunicación normal de la gente no es verbal sino a través de la lengua de signos«, explica, aunque la niña está aprendiendo ambas.

Con la experiencia y la serenidad que da el tiempo transcurrido valora más aún la implicación familiar. «He visto otros casos de padres con hijos sordos, que se oponen a que los niños aprendan la lengua de signos, convencidos que su hijo no la necesitará e incapaces de aceptar el problema del niño», afirma.

Al contrario que en esos casos, en cuanto conocieron el diagnóstico de Laura la familia se movilizó en busca de ayudas. Todos se han aplicado en el aprendizaje de la lengua de signos, tal y como les recomendaron. «El equipo de atención a niños sordos nos aconsejó signar a la niña, porque era de la única forma que ella se comunicaría con nosotros y nosotros con ella». Por eso comenzaron a aprenderla cuando la niña aún era un bebé. «Aunque era muy pequeña y no participaba en las clases, se fijaba en todo y aprendió la lengua de signos con la misma naturalidad que cualquier otro niño aprende la lengua oral«, recuerda.
Clases y muñecos

En las clases la experta en lengua de signos, Pilar Ballestero, les llevaba pequeñas lecturas y muñecos con los que les explica cómo poner las manos al enseñarles las palabras de uso cotidiano. «Mamá, papá, agua… las que aprende cualquier niño», afirma haciendo el gesto de cada una de ellas. Además resolvía las dudas que todos los familiares que participaban en esa sesión les planteaban.

Después ellos participaron en el aprendizaje de la niña. «Y ahora ella nos pregunta las cosas que no sabe decir, tiene un signo a cada familiar y tenemos una comunicación fluida con ella«, explica la madre. «Ya no sufro, dejé de hacerlo cuando la doctora nos dijo que Laura no sufría por ser sorda ya que no sabía lo que era oír y cuando vi que ella podía desarrollar una vida normal con pequeñas ayudas«, añade.

Laura Holguín fue a la guardería y ahora estudia en el colegio de integración Francisco Pizarro (uno de los tres de integración que hay en Cáceres junto al Moctezuma y el San Francisco). Allí le acompaña permanentemente una intérprete. «Piensa que es una profesora exclusiva para ella«, afirma.

¿Y el futuro?. «No lo temo. Estamos viendo la posibilidad de que Laura se someta a una intervención con la que podría llegar a percibir ruido ambiente«. afirma. «¿Sabe que ha aprendido a decir mamá y papá en el ´cole´?«, apunta emocionada. Se le saltan las lágrimas al recordarlo.