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Asociación de Discapacitados Canarios

Archive for 18 noviembre 2008

El PSOE estudia reformas en la Ley de Dependencia tras sólo año y medio

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

Las comunidades presionan para revisar plazos y el sistema de financiación – Socialistas y CiU aprobarán en el Congreso un repaso a fondo de la ley

EL PAÍS – CARMEN MORÁN – Madrid – 11/10/2008
Un año y medio después de empezar a andar, la Ley de Dependencia muestra una cojera profunda de la que se duelen prácticamente todas las comunidades: la financiación y el calendario de la norma. El Grupo Socialista apoyará una moción que CiU presentará en el Congreso por la que se manda a un grupo de independientes que revisen la aplicación de la ley.
En seis meses habrán de tener un informe con la situación, “que seguro conllevará reformas normativas”, sostiene el diputado Carles Campuzano, de CiU, que no aprobó la ley en su momento.
La portavoz socialista de Asuntos Sociales en el Congreso, Marisol Pérez, rehúsa hablar de fallos, pero sí reconoce que se irá “corrigiendo lo necesario para mejorar la ley”, algo, dice, que también se hace ya de forma interna desde el Gobierno, también sobre el sistema informático, que tantas quejas ha levantado en este tiempo.
La consejera catalana de Acción Social, Carme Capdevila (ERC), se reunió el miércoles con la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, y a la salida manifestó la necesidad de revisar la financiación; un diagnóstico, dijo, “compartido por la ministra”. El Gobierno guarda silencio, pero los consejeros han transmitido los problemas a Cabrera y han encontrado buena disposición para corregirlos.
Otra comunidad, Galicia, gobernada por el PSOE con el BNG, reclama una reforma profunda del sistema de financiación. Los nacionalistas gallegos, que llevan los asuntos de Dependencia en esa comunidad, propondrán a los partidos en el Congreso que vuelvan a reunirse y alcancen un acuerdo para distribuir el dinero. “No sólo queremos corregir, sino financiación suficiente, estable y ajustada a criterios territoriales”, dice Xosé Bieito, director general de Acción Social en Galicia.
Año y medio después, aunque las comunidades han implantado esta ley a velocidades distintas, casi todas saben ya los costes reales de atender a una persona con una dependencia aguda. Y las cuentas no les salen. Al final, coinciden, las comunidades están sufragando el grueso de esta ley, porque tienen que complementar lo que la renta de sus ciudadanos no alcanza. Y, como dice el consejero de Castilla y León, “cuando todos los alumnos suspenden, la culpa es del maestro”. César Antón Beltrán alaba una ley que contó con gran consenso político: “Es buena y necesaria y seguiremos su implantación, pero la financiación nos aprieta a todos. Hay que reflexionar”.
La ley se pensó para ser financiada a escote entre las comunidades, el Gobierno y los beneficiarios a un 33% cada uno. En Castilla y León tienen una aportación media de los usuarios de un 26%, y “el resto, lo pone la comunidad”, resume Antón Beltrán.
Su homóloga en Madrid, Engracia Hidalgo, asegura que el Estado aporta entre un 7% y un 15% de los costes reales. Otros dicen que un 20%, pero pocos suben de eso. Han encontrado que las pensiones de los grandes dependientes o sus magras rentas no dan para pagar el 33% previsto. Así ocurre en Baleares, donde el Estado “no sufraga más del 30% del coste real de la ley”. “Y tenemos unas de las pensiones más bajas del país”, explica la consejera, Fina Santiago. “El Gobierno debe valorar la conveniencia de una aplicación más lenta de la ley, cuyo coste se disparará de nuevo en 2010”, afirma.
Parecida es la propuesta de Castilla y León: “Habría que esperar un poco y destinar los recursos primero a los que más lo necesitan, que son los grandes dependientes, que hay más de los que pensábamos”. Antón Beltrán pide un pacto de Estado y eliminar la burocracia a la que se enfrentan. “No puede ser que para acabar pagando a alguien 400 euros escasos empleemos seis meses y unos 1.500 euros”.
Voluntad de consenso, pero 17 sistemas
La Ley de Dependencia se aprobó con un gran consenso político, una expresión de cooperación que había de traducirse en un sistema único para toda España. Con ese ánimo empezaron las negociaciones entre comunidades y se consiguió el primer logro: un baremo común para evaluar en todos los ciudadanos su grado de dependencia. Nada de esto era obligatorio, sino voluntario por completo, porque esta ley no distribuía competencias sino que trataba de homologar 17 sistemas de atención social distintos que nacieron en cada comunidad. Los implicados en sacarla adelante hablan de una ley que será el modelo de cómo tendrá que legislar España de ahora en adelante para poner en común las políticas de cada autonomía.
Las administraciones pretendían que todos los ciudadanos aportaran lo mismo de su bolsillo y que recibieran los mismos servicios en cada territorio. Pero esos dos acuerdos, el copago y el de la calidad de los servicios que se prestan, han encallado. La ley se ha puesto en marcha sin que se haya decidido un modelo común para cada cosa.
Las características de las comunidades estallan como bombas de relojería. A unas se les reconoce la insularidad, pero medida de tal forma que Baleares se queja de que Canarias se queda el grueso por ese concepto. Galicia exhibe una población dispersa que, aunque reconocida como criterio para repartir el dinero, no alcanza a sufragar el gasto. Otras tienen más emigrantes retornados, y algunas, un amplio territorio. La cobertura social de la que partían era muy distinta en unas y otras. Todo ello hace difícil un acuerdo sobre lo que le corresponde a cada cuál y cómo podrá afrontar los gastos. Patronal y sindicatos esperan, a pesar de todo, que se alcancen unos marcos comunes que faciliten el trabajo de empresarios y trabajadores en todos lados.

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El PSC considera que es inevitable retrasar la ley de la dependencia

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

• El PSC plantea retrasar las prestaciones ante las limitaciones de financiación que sufre la ley
• La ‘consellera’ Capdevila exige otro reparto de los recursos para que Catalunya no resulte perjudicada

SARA GONZÁLEZ
BARCELONA

Ante las limitaciones de financiación que sufre la ley de la dependencia, la portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Carme Figueras, planteó ayer la posibilidad de posponer las ayudas a las personas con menor grado de dependencia que, según el calendario inicial, tienen que empezar a recibir las prestaciones a partir

Miquel Iceta - Portavoz del PSC

Miquel Iceta - Portavoz del PSC

del 2011. A la petición de Figueras, la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, respondió, tras comparecer ante la comisión parlamentaria, que la “prioridad” es dedicar todos los esfuerzos para “atender a los grandes dependientes” y que la “voluntad del Govern es tirar adelante la aplicación de la ley” a pesar de estar “ante unos presupuestos restrictivos y de austeridad” que obligarán a valorar “hasta dónde se puede llegar”.
El viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya expuso la posibilidad, durante la última reunión ejecutiva del PSOE, de retrasar las prestaciones si no se aportaba más dinero. La dirección socialista se manifestó en contra de la propuesta, consciente de que quedaría desvirtuado el proyecto estrella de José Luis Rodríguez Zapatero y porque el Gobierno ha insistido en que, a pesar de la austeridad a la que obliga la crisis, los recortes presupuestarios para el 2009 no afectarán a las políticas sociales. Además, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte asegura que el Gobierno está cumpliendo escrupulosamente la ley aportando mensualmente y sin retrasos la cantidad que le corresponde por cada discapacitado.

A PARTES IGUALES
La ley de dependencia establece que las administraciones deben hacerse cargo a partes iguales de dos terceras partes del coste y que, por el sistema de copago, el beneficiario debe asumir el otro tercio. Sin embargo, Capdevila afirmó ayer que del dinero que deben aportar las administraciones, Catalunya está asumiendo el 76% y el Estado solo un 24%. La consellera alertó además de que si este reparto se perpetúa y el Gobierno no asume sus compromisos en el despliegue de la ley, en el 2011 la Generalitat se hará cargo del 81% del coste público y el Estado de tan solo un 19%.
Capdevila explicó que las previsiones apuntan a que, de los 545 millones de euros que le cuesta a Catalunya atender a las personas con una dependencia grave en el 2008, la Generalitat habrá aportado a finales de año 370 millones, el Estado 133 millones y los usuarios 62 millones. Ante esta situación, la consellera reclamó cambios inmediatos en el sistema de financiación y remitió varias propuestas al Consejo Interterritorial de la Dependencia.

COSTE DE LA VIDA
Que se tenga en cuenta el coste de la vida de Catalunya, más elevado que en la mayoría de autonomías, es una de las sugerencias que hace Capdevila. La consellera explicó que los servicios que presta la ley son más caros en el territorio catalán y puso por ejemplo las plazas de residencia, que cuestan 1.809 euros mensuales en Catalunya mientras que la media española está en 1.680 euros. El diputado de CiU, Josep Lluís Cleries, replicó que la ley “estuvo mal definida” desde el primer momento y que fueron precisamente los criterios de financiación el motivo por el que la federación nacionalista no la apoyó. “Es la ley que ustedes aprobaron y ahora se queja de la financiación”, afirmó Cleries.
Otra de las propuestas que hizo Capdevila consiste en diferenciar los créditos destinados al mínimo garantizado –la prestación fija que el Estado aporta por cada beneficiario– y el nivel acordado –la aportación que el Estado hace a las comunidades autónomas según criterios de población, entre otros–. La responsable de Acció Social aclaró que la partida del mínimo garantizado es la que asume la mayor parte del presupuesto y que esta debe ampliarse en función de las personas que se vayan valorando y el nivel de dependencia que se le reconozca a cada una de ellas.
Más allá de los problemas económicos de la norma, la consellera afirmó que se trata “de una buena ley” y detalló que, por ahora, se han recibido 121.199 solicitudes de las que, tal y como avanzó ayer EL PERIÓDICO, 62.474 tienen ya reconocido el derecho a recibir prestación y 31.161 de ellos ya tienen su programa individual de atención (PIA) y, según Capdevila, están cobrando o a punto de cobrar. El perfil mayoritario de los beneficiarios es el de una mujer de más de 65 años de la provincia de Barcelona con una discapacidad física y que reside en su casa y nunca ha tenido contacto con los servicios sociales de su municipio.

LAS CRÍTICAS
Cleries manifestó que el ritmo de las valoraciones de los afectados “no está siendo el adecuado”. “Las 125.000 valoraciones por año que se fijaron no se están haciendo”, dijo el diputado de CiU. Por su parte, el diputado del PPC Rafael López acusó al Govern de haber “jugado al engaño durante tres años” por aplicar tarde la ley, por demorar las valoraciones y porque en el 2009 “no habrá dinero”. López también criticó “la desaparición de la consellera de Sanitat”, Marina Geli, de una ley considerada sociosanitaria.

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El CES rechaza el silencio negativo en la Dependencia

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

El órgano consultivo afirma que debe prevalecer el positivo para no contradecir la ley

Levante-EMV, Valencia

El Comité Económico y Social (CES) exigió ayer a la Generalitat que en las peticiones realizadas a la Administración “prevalezca el silencio administrativo positivo, sobre todo en los casos referentes a la aplicación de la Ley de Dependencia”.
El CES aprobó ayer por unanimidad el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2009 pero presentó una observación a su articulado sobre la prevalencia del silencio administrativo positivo. El presidente del CES, Rafael Cerdá, explicó que en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento de Presupuestos se establece “el efecto negativo o desestimatorio del silencio administrativo, lo que se contradice con la Ley”.
Para el presidente del CES, “debe prevalecer el silencio positivo por parte de la Administración”, de manera que ésta “entienda como autorizada una solicitud que no haya sido contestada y no la entienda como desestimada”. Por su parte, el vicepresidente del CES, Carlos de Lanzas (UGT), destacó que el CES “siempre se ha manifestado a favor del silencio administrativo positivo”. De Lanzas precisó que, en el caso de la Ley de la Dependencia, “si aplicáramos el silencio administrativo desestimatorio estaríamos añadiendo una dificultad más a la implantación de la Ley en la Comunitat Valenciana”. Por otra parte, el CES aprobó también por unanimidad el anteproyecto de la Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana y planteó como observación que la terminología empleada en el mismo “debería facilitar la comprensión de su contenido evitando el uso de determinados vocablos que se emplean a lo largo del articulado”.
Cerdá afirmó que esta ley es compleja y “de difícil comprensión”, pero valoró que su objetivo es la consagración del derecho de todos los ciudadanos.

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El PSC plantea posponer las ayudas a personas con menor grado de dependencia

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

Carme Figueras ha planteado que “la prioridad debe ser que llegue la ayuda a todos los grandes dependientes”

Barcelona. (EFE).- La portavoz adjunta del PSC en el Parlamento catalán, Carme Figueras, ha planteado la posibilidad de que se pospongan las ayudas previstas en la ley de dependencia a los beneficiarios que presenten menor grado de dependencia, teniendo en cuenta las limitaciones de financiación de la propia ley.
Figueras ha propuesto en rueda de prensa “revisar la aplicación” de la ley de dependencia y “reajustar su financiación”, ya que “no puede ser que en estos momentos haya un desequilibrio entre el 20% que financia el Estado y el 68% que financia la Generalitat”. “Hay que revisar los mecanismos de financiación de la ley y, probablemente, si estamos hablando de un derecho universal igual que la salud, las pensiones o la educación, tendremos que incluirla en el sistema de financiación de las comunidades autónomas”, según Figueras.

Con la limitada financiación actual y con unas previsiones iniciales de posibles beneficiarios de la ley que se han revelado cortas, ha advertido Figueras, habrá que revisar la puesta en práctica de una ley que prevé desarrollarse “entre 2007 y 2015”. “Nosotros preferiríamos poder seguir aplicando la ley tal y como está previsto inicialmente, si la financiación es la adecuada. Pero si hay más dependientes de los que se preveía inicialmente, quizá hemos de buscar un término medio”, ha afirmado.

Figueras ha planteado que “la prioridad debe ser que llegue la ayuda a todos los grandes dependientes”, mientras que en el caso de otros grados de menor dependencia, “si hay que alargar en el tiempo su entrada en garantía de recibir el servicio, pues se alarga”. “Es sólo una posibilidad, pero vale la pena que nos lo planteemos”, ha agregado.

Esta decisión, en todo caso, “debe acordarse en el seno del consejo interterritorial, porque afecta a todas las comunidades autónomas y al Estado”.

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Un ayuntamiento de Corvera coloca un cristal encima de un texto en braille

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

R. A. 20.10.2008

Lo instalaron en el Ayuntamiento de Nubledo, en Corvera.
El documento habla de integración pero los ciegos no lo pueden leer.

El Ayuntamiento de Nubledo, en el concejo de Corvera, tiene instalado un panel en el que explica que el concejo de Avilés firmó en 1996 un documento en el que se mostraba en contra de la exclusión social. Está escrito en castellano y braille y encima tiene colocado un cristal, así que sus destinatarios no lo pueden leer, según publica hoy el diario La Nueva España.
Las personas ciegas necesitan el tacto para poder leer el braille, pero los responsables de la instalación del cristal no repararon ni en el contenido ni en los destinatarios.
Aunque no son sólo los ciegos quienes quedan excluidos del contenido del panel, tampoco pueden leerlo quienes van en silla de ruedas. Está colocado en un descansillo en las escaleras de acceso a la primera planta, y no hay ascensor.

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Los aparcamientos para discapacitados: ¿uso o abuso?

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

aparcamientos-de-discapacitados

Un recorrido por diferentes espacios de la ciudad muestra casos de personas que estacionan sus coches en estas plazas especiales sin ser discapacitadas

laopiniondemalaga.es – Málaga

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA Ser discapacitado y aparcar en la ciudad puede ser una misión imposible. Dependerá de la suerte y de las dosis de solidaridad con la que se hayan levantado ese día los malagueños. El Congreso de los Diputados aprobó esta semana pasada una iniciativa en la que insta al Ejecutivo central a que realice las modificaciones oportunas para que los conductores que aparquen en estos espacios sean sancionados con dos puntos del carné.
Independientemente del debate acerca de si los aparcamientos son suficientes o no, la falta de espacio para el resto de conductores propicia un uso no adecuado de estas plazas. Vehículos que estacionan directamente sin tarjeta de autorización o coches que hacen un mal uso de éstas falsificándolas o prestándolas a familiares son algunas de las prácticas que denuncia la Federación de Discapacitados Físicos. Para acabar con este “tráfico” de tarjetas trabajan precisamente en conseguir que el Gobierno les apruebe un nuevo modelo que resulte más difícil de falsificar y que facilita a la policía las labores de identificación.
Para comprobar estas malas prácticas sólo es necesario marcar una ruta por la ciudad. La Opinión de Málaga ha trazado un itinerario imaginario de los quehaceres de un discapacitado en un día laborable de la semana. Éstos son los resultados.
12.00 horas. La persona acude en su vehículo al hospital Clínico para realizarse unas pruebas. En la calle 1 del aparcamiento del centro sanitario existen diez plazas para el colectivo debidamente señalizadas e identificables, pero todas están ocupadas. De entrada esta persona no podría realizar su visita con las facilidades que debiera, pero es que además dos de los coches carecen de la pertinente tarjeta de autorización. Uno de ellos sale en esos momentos del aparcamiento y en el otro hay una señora que permanece tranquilamente en su interior. Posteriormente ha de acudir a la facultad de Derecho, que aunque no cuenta con aparcamiento reservado cercano es accesible y en ese momento ofrece plazas próximas.
Itinerario. 13.10 horas. Esta persona intenta estacionar en la calle Princesa, a la altura del número 36, para continuar con sus gestiones del día, pero los tres aparcamientos para minusválidos están también ocupados y presentan un mal uso. Una furgoneta expone claramente su tarjeta de forma correcta, un vehículo ha colocado esta identificación ´extrañamente´ en blanco y negro (son azules, en color) y, el tercer coche no tiene siquiera este documento obligatorio.
Continúa el recorrido. Al intentar estacionar en la calle Ayala, el discapacitado corre mejor suerte. De las dos plazas una está libre. Sigue su marcha hacia un centro comercial de la ciudad que dispone de numerosas plazas especiales para el colectivo y gran número de ellas sin ocupar. Ya a las 13.45 horas se dirige hacia el paseo marítimo Antonio Machado para almorzar. Estaciona sin mayores problemas en una plaza para minusválidos, pero el segundo de estos aparcamientos existentes está ocupado por un vehículo sin tarjeta.
Tras la comida acude a un conocido gimnasio que dispone de garaje y cuya plaza para minusválido está libre. A las 16.40 horas, camino del centro para tomar café se dirige hacia los espacios para este fin existentes en la plaza de la Merced. Se contabilizan seis, de los que uno está libre. De los cinco estacionados, uno de ellos no tiene tarjeta.
Moraleja: este colectivo mejoraría su calidad de vida si los ciudadanos hiciesen un buen uso de estos espacios. Un gesto menor que provoca un beneficio mayor para las personas de movilidad reducida.

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Reclaman un monitor para un niño con TGD del colegio San Bernabé

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

La madre, que lleva más de un mes esperando, asegura que el pequeño está desatendido y que es imposible su integración y conciliar la vida familiar y laboral

E. Correa / Algeciras | Actualizado 17.10.2008

El colegio San Bernabé tiene entre sus alumnos a un pequeño de tres años y medio que aunque no le han diagnosticado autismo por su corta edad, los médicos sí le han determinado un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).

El problema, tras más de un mes de haber comenzado las clases, es que el niño no cuenta con un monitor para garantizar su integración. La madre, María del Carmen Meléndez, se mostró ayer desesperada ante la situación que padece su hijo. “Mi niño no tiene control de esfínteres y si se hace pipí nos llaman al padre o a mí para que vayamos a atenderlo. Así llevamos desde el 15 de septiembre”, denunció. La mujer explicó que cuando matriculó a su hijo le derivaron al colegio San Bernabé porque esta catalogado como un centro de integración. “Aunque hay logopedas y profesores de educación especial, está desatendido”, lamentó.

La madre explicó que con su hijo la administración debe ejercer una discriminación positiva y no la discriminación a secas que padece. “El centro está preparado para la integración pero no están los medios. Mi hijo tampoco puede ir al Aula Matinal. Y cuando se hace pipí tengo que pedir permiso para acudir enseguida a cambiarlo. Es indignante”, aseveró.

La conciliación de la vida familiar y laboral parece a priori imposible para esta familia. El padre está obligado a cambiar los turnos cuando se lo permiten y la madre se ausenta de su trabajo si le reclaman desde el centro. El pequeño además no habla, por lo que la denunciante tacha de indispensable un monitor que le atienda. La desesperación de la familia le obligó a enviar una carta al delegado provincial de Educación, Manuel Brenes, explicándole su caso y las necesidades que tienen. “No he recibido respuesta. En el colegio dicen que hay un monitor pero ya no me creo nada y menos, si me dicen que vendrá la semana que viene. Ha pasado un mes”, insistió. La afectada informó además de que en la clase de su hijo también hay otro niño con autismo diagnosticado.

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Marcha de Valencia.(FOTOS)

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

Éxito total, gracias a todas/os.
 
              Rosa Segrelles (Valencia)

Aquí tenéis el enlace a las fotos:

http://www.flickr.com/photos/13790858@N04/sets/72157608152815343/

 

NADA SOBRE NOSOTRAS/OS SIN NOSOTRAS/OS
www.forovidaindependiente.org

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El Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad es un trastorno del desarrollo del niño que se engloba dentro de la llamada Disfunción Cerebral Mínima.

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

Asociación Vallisoletana de Ayuda a Personas con el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad

El Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad es un trastorno del desarrollo del niño que se engloba dentro de la llamada Disfunción Cerebral Mínima.

Son niños con una inteligencia normal que, sin embargo, presentan importantes problemas de aprendizaje por la imposibilidad de prestar atención en la realización de tareas o actividades concretas, a lo que se asocia, en muchos de ellos, una hiperactividad constante junto con impulsividad. Son niños que fracasan con frecuencia en prestar atención a detalles o cometen errores frecuentes por descuido, usualmente no parecen escuchar lo que se les dice, no suelen cumplir instrucciones, tienen dificultades de organización, evitan actividades que requieran concentración mental, son olvidadizos, se distraen con facilidad ante estímulos banales, presentan frecuentemente inquietud de manos y pies, se retuercen a menudo en el asiento, se levantan en clase o en otras situaciones donde se espera que permanezcan sentados, corren o trepan constantemente en situaciones inadecuadas, tienen dificultades para jugar con tranquilidad en actividades recreativas, responden con impulsividad a interpelaciones o preguntas, son impacientes…

Todo ello, a la larga puede desembocar en fracaso escolar, problemas de convivencia, en las relaciones interpersonales y de integración, que llevan a muchos de ellos, si no se tratan adecuadamente, a múltiples trastornos psicológicos y a conductas antisociales en la edad adulta.

La causa del Síndrome de Falta de Atención e Hiperactividad es desconocida, habiendo sido propuestos desde factores genéticos hasta factores ambientales, pasando por alteraciones cerebrales orgánicas.

Su incidencia es de 8 – 10 % de la población escolar activa, siendo, pues, un trastorno frecuente.

El diagnóstico es difícil y a veces tardío, lo cual es nefasto, pues el tratamiento precoz es fundamental para conseguir un desarrollo normal y para evitar los trastornos psicológicos y sociales que de él se derivan. Por este motivo, las personas que están en permanente contacto con los niños (padres, profesores…) deben estar atentos a la aparición de síntomas sospechosos para derivarlos lo antes posible al especialista oportuno.

Determinadas pruebas neurofisiológicas como los Potenciales Evocados Cognitivos (P300, Variante Contingente Negativa) y la Cartografía Eléctrica Cerebral, pueden ser útiles en el proceso diagnóstico de estos niños. El tratamiento es multifactorial, y en él deben estar implicados desde médicos (paradójicamente estos niños responden mal a las sustancias de perfil sedante y mejoran considerablemente con medicamentos estimulantes), psicoterapeutas, educadores, familiares… siendo el objetivo fundamental que el niño alcance un desarrollo normal y que sea capaz de una mejor integración social y familiar, todo lo cual evitará trastornos psicológicos y conductas antisociales en el futuro.

Conclusiones

El Síndrome de Falta de Atención e Hiperactividad es un Trastorno del desarrollo en el cual existen problemas de aprendizaje por falta de atención, asociándose en ocasiones hipercinesia e impulsividad.
Es un trastorno frecuente y de causa desconocida.
Es determinante la precocidad en el diagnóstico, siendo éste fundamentalmente clínico, pudiéndose apoyar en pruebas neurofisiológias como los Potenciales Evocados Cognitivos (P300, Variante Contingente Negativa) y la Cartografía Eléctrica Cerebral.
El tratamiento es multidisciplinar incluyendo fármacos, psicoterapia, apoyo pedagógico y terapias físicas.
Fdo. Dr. F. Sanjuán Martín

Neurocirujano

Director Médico

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La Generalitat valenciana indemniza a un niño con sordera por la vacuna triple vírica

Posted by asociacionmelody en noviembre 18, 2008

El pequeño, de seis años, sufre una minusvalía del 33% y tiene dificultad de aprendizaje

Valencia. (EFE).- La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana abonará una indemnización de 35.000 euros a un niño de seis años que sufrió una hipoacusia bilateral severa tras administrarle la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), lo que le ha ocasionado una minusvalía del 33 por ciento y dificultad de aprendizaje.
Así lo establece un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que considera que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat en este asunto, tras la reclamación presentada por la madre del menor en noviembre de 2002, en la que no argüía una mala praxis médica, sino la mera producción de un resultado adverso.

El órgano consultivo de la Generalitat basa su argumentación en que “el éxito incuestionable” de las vacunas en el control y la eliminación de muchas enfermedades “no conlleva que los efectos adversos o indeseables que hayan generado hayan de ser soportados, automáticamente y de forma incuestionable, por los menores”.

Para el CJC, aunque los efectos adversos o indeseables de las vacunas sean “inevitables”, son “perfectamente conocidos y posibles (aun en un pequeño porcentaje)”, y por tanto “han de ser asumidos por la comunidad, representada por la Administración”.

El organismo expone que, sobre la administración de vacunas, alguna jurisprudencia sostiene que el efecto adverso y excepcional sufrido ha de ceder ante el carácter claramente beneficioso y preventivo de enfermedades infecciosas que las vacunas proporcionan, por lo que rechazan calificar el daño como antijurídico y consideran que el resultado lesivo es un deber que ha de soportar el menor.

Sin embargo, el CJC indica que en este caso no se trata de la administración de una vacuna a un único beneficiario, sino de la administración de vacunas en virtud de una obligación impuesta por la Administración atendiendo al calendario vacunal, y por ello la colectividad debe asumir la reparación de daños individualizados.

Atendiendo al conflicto de intereses beneficios/riesgos del sistema vacunal, el CJC opina que constituye una “carga del ciudadano” asumir los efectos adversos derivados de la administración de vacunas que sean calificados de leves o moderados (como fiebre, abcesos, inflamación local, erupciones cutáneas, lesiones no permanentes).

Por su parte, la Administración debe, según el CJC, asumir “los más graves y permanentes”, al entenderse que en tales casos “se han rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social, no correspondiendo al perjudicado el deber de soportar el menoscabo”.

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