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Asociación de Discapacitados Canarios

Los padres de Ángela denuncian a Educación por dar sus datos privados

Posted by asociacionmelody en octubre 2, 2008

E.A. SANTIAGO
Domingo, 14-09-08
José Lobato y Mónica Sumay, padres de Alejandra, la joven con discapacidad física e intelectual que la delegación provincial en Pontevedra de la Consellería de Educación quiere escolarizar en un centro de Educación Especial en contra de la voluntad de los progenitores, han presentado una denuncia contra la propia institución ante la Inspección de la Agencia Estatal de Protección de Datos a raíz de las declaraciones de su responsable, Cristóbal Fernández.
La supuesta publicación de datos privados de modo ilícito habría tenido lugar el pasado 28 de agosto, cuando la agencia Europa Press contactaba con el delegado de Educación en Pontevedra con el fin de conocer los motivos que argumentaba la administración para justificar el traslado de la menor de su centro habitual en Catoira a uno de Educación Especial en Villagarcía, a 15 kilómetros de distancia, con motivo de la entrada de la joven en la ESO.
Entonces, Fernández revelaba que la estudiante sufría lesiones cutáneas y un retraso cognitivo que los informes del equipo técnico de valoración habían cifrado en una minusvalía del 78 por ciento. Estos eran, entre otros, los motivos que llevaban al delegado a asegurar que «es una niña con unas necesidades educativas especiales y necesita ir a un centro que atienda a esos requisitos». «La madre no lo entiende, se negó siempre a que repitiera curso y quería que fuera como los demás en todo, pero es imposible», manifestaba entonces el responsable de la delegación de Educación.
En un comunicado de la asociación de usuarios de asistencia personal Vida Independiente de Galicia (Vigalicia), la entidad apoya a los padres en sus reivindicaciones y recoge unas declaraciones de la madre de Ángela, Mónica Sumay: «El delegado hizo estas declaraciones para poder justificar una decisión de todo punto de vista injustificable, puesto que vulnera los derechos humanos de mi hija». Sumay ha denunciado en las últimas semanas que la Administración se negó a enseñarle el informe en el que se ampara Educación para trasladar a la pequeña. Sumay considera además que la marcha a otro centro será negativa para la niña.
Los progenitores de Alejandra apelaron al Artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que consideran la vulneración del deber de secreto regulado en el el artículo 7.3 de dicha normal. Para Vigalicia, «esta actuación de Educación es otra muestra más del poco respeto a los derechos humanos de Alejandra, lo que viene a agravar el hecho de que se le obligue a escolarizarse en un Centro de Educación Especial en lugar de seguir cursando sus estudios en el CPI Progreso de Catoira, como había venido haciendo». Para finalizar, la entidad expone que «quiere denunciar esta sitituación por considerarla una vulneración de los derechos humanos y una discriminación por el simple hecho de poseer una diversidad funcional, en este caso, de índole intelectual».

Mariola Rueda

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