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El CERMI denuncia ante elDefensor del Pueblo la inaccesibilidad de la TDT

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la ausencia de condiciones de accesibilidad de la Televisión Digital Terrestre (TDT), lo que impedirá o dificultará el uso de este nuevo medio a determinadas personas con discapacidad.
 
El CERMI pide al Defensor del Pueblo que investigue la situación desde el punto de vista de la accesibilidad universal de la TDT y que exija al Ministerio de Industria que garantice, tal como consagra la legislación vigente, el acceso de las personas con discapacidad.  
 
En su denuncia, el CERMI señala que la ausencia de accesibilidad de la TDT vulnera los mandatos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por una parte, y la propia normativa española, que prevé expresamente que los nuevos medios de comunicación han de ser universalmente accesibles desde el inicio y que las Administraciones han de asegurar estas condiciones de acceso y uso.
El sector social de la discapacidad representado por el CERMI solicita al  Defensor del Pueblo que interceda a fin de que el Gobierno garantice la igualdad  de oportunidades en el acceso a la información y el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico.

El cermi reclama la aprobación urgente del plan de atención a menores de tres anos en situación de dependencia

ecodiario.eleconomista.es

MADRID, 12 (SERVIMEDIA) El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó hoy al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, que forman el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que aprueben con urgencia el plan de atención a menores de tres años en situación de dependencia.

La disposición adicional decimotercera de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ordena al Consejo Territorial del SAAD aprobar un plan integral de atención para los menores de 3 años en situación de dependencia, en el que se contemplen las medidas a adoptar por las Administraciones Públicas para facilitar la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.

Transcurridos más de dos años y medio de la entrada en vigor de la ley, este plan no ha sido adoptado, por lo que los menores de tres años declarados en situación de dependencia carecen de la protección específica que debería prestarles el SAAD.

Para el CERMI, es absolutamente necesario que el consejo territorial colme esta laguna en el desarrollo de la ley y apruebe este plan en el menor lapso de tiempo, contando para ello con las aportaciones y sugerencias del movimiento social de la discapacidad. El plan debe centrase en la prevención de las situaciones de dependencia y en el establecimiento de medios y apoyos para la autonomía personal del menor y de la familia.

(SERVIMEDIA) 12-JUL-2009 GJA

Hacienda congelará en 2010 el gasto para la Ley de la Dependencia

Santander, 11 julio  (EUROPA PRESS) -

   El secretario general de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas, anunció este viernes que, “en principio”, el gasto en materia de Dependencia “se va a congelar” en 2010. “No está proyectado que podamos incrementarlo”, advirtió.

   En consecuencia, opinó que, además de una “parada” en el desarrollo de la Ley de la Dependencia, está “garantizada” una “bronca política”. A su juicio, ello supone también un “handicap” en la “implementación” de esta norma, “nuclear” para el bienestar de los ciudadanos.

   Recordó, en este sentido, que la ley contempla un proceso para su implementación y extensión a aquellos colectivos que si bien son “menos dependientes”, “siguen mereciendo” ese concepto.

   Con todo ello, Espadas consideró que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia -que entró en vigor en 2007- requiere una “reconsideración desde la perspectiva de su financiación”.

   El secretario general de Presupuestos y Gastos hizo estas reflexiones en Santander, donde impartió una conferencia sobre ‘El presupuesto como impulsor de políticas públicas’, dentro del seminario ‘Los nuevos retos de la intervención pública: evaluación y reformas’ de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La crisis obliga a reducir la cuantía de los presupuestos por primera vez

Los recortes no afectarán a las políticas sociales ni a la reactivación de la economía

ELPAIS.com/ País Vasco

EDUARDO AZUMENDI – Vitoria – 08/07/2009
La economía no está dispuesta a ponérselo fácil al Gobierno de Patxi López y el cambio de rumbo en las políticas públicas que tiene previsto acometer en la comunidad autónoma. Y es que la crisis no le da tregua. La caída de la recaudación fiscal debido al pinchazo en la actividad en casi todos los sectores, con el industrial a la cabeza, va a provocar que el Gobierno vasco, por primera vez en su historia, presente el próximo año un presupuesto inferior al del ejercicio precedente. Ni en los peores momentos de las crisis industrial de los años 80 ni en la recesión de los primeros 90 el Ejecutivo había tenido que dar un paso atrás en el capítulo presupuestario. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el límite de gasto para el presupuesto de 2010 con el planteamiento inicial de una reducción del 6% con relación al de 2009, aunque el recorte no será lineal.
Es decir, no todos los departamentos se verán afectados por igual, debido a las prioridades de gasto que tiene el Ejecutivo. Los recortes no salpicarán a las políticas sociales (educación, sanidad, Ley de Dependencia, renta básica) ni a las destinadas a la reactivación de la economía, como la financiación a las empresas y el impulso del I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Lo que tampoco se tocará son los gastos de personal. El Gobierno ha descartado aplicar una congelación del sueldo de los funcionarios, que representa el 37% de los 10.568 millones de euros del presupuesto de 2009, unos 3.650 millones (el Gobierno paga alrededor de 80.000 nóminas entre personal fijo y eventual). Por lo tanto, la tijera se meterá en el resto de las partidas, y especialmente en los gastos corrientes y transferencias.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, ya adelantó hace dos semanas una primera estimación que apuntaba a una disminución del presupuesto del 5%. Sin embargo, esa apreciación se ha quedado corta y, a falta de conocer más datos macroeconómicos a la vuelta del verano, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, ya elevó ayer esta estimación hasta el 6%. Según Mendia, el Ejecutivo debe reconducir la política presupuestaria hacia sus posibilidades reales. Esto se traduce en inevitables recortes. Y es que si 2008 fue negativo para la recaudación fiscal -cayó el 6,8%: 938 millones de euros menos que en 2007 y 1.450 por debajo de las previsiones presupuestarias realizadas por las instituciones (una desviación del 10%-, el comportamiento de los impuestos este año va a ser todavía peor. La contracción del consumo y los numerosos aplazamientos de pagos solicitados por las empresas son las principales claves del recorte. En mayo pasado, las diputaciones habían recaudado un 17% menos que en 2008.

A todo esto hay que añadir, que el nuevo Gobierno se ha encontrado con que ha tenido que arrancar con siete de cada 10 euros del presupuesto de 2009 ya comprometidos. Ese alto grado de ejecución de las cuentas que legó el equipo de Juan José Ibarretxe le esta creando numerosas complicaciones.

CyL y Galicia piden una revisión de la Ley en 2009 ante asfixia financiera

ABC.es

Valladolid, 8 jul (EFE).- Los conselleiros de servicios sociales de Castilla y León, César Antón, y de Galicia, Beatriz Mato, han urgido hoy al Ministerio que revise antes de que acabe 2009 la Ley de Dependencia y coincidieron en considerar que su desarrollo normativo y aportación financiera provoca “asfixia” a las Comunidades.

Ambos responsables de departamentos de los Gobiernos autónomos han celebrado hoy en Valladolid el primer encuentro bilateral para perfilar el convenio que firmarán el próximo otoño las dos autonomías para reforzar su colaboración en estas materias.

La reunión da continuidad a la entrevista que mantuvieron el pasado lunes en Valladolid los presidentes de los Ejecutivos, Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo, y ha permitido contrastar los servicios de dos autonomías con características similares en población, envejecimiento y dispersión, que requieren de respuestas concretas.

Los dos conselleiros, ambos del PP, han coincidido en calificar de buena la Ley de Dependencia y en criticar la escasa financiación del Estado que “asfixia” a sus respectivos departamentos, sin que la normativa nacional acabe de funcionar bien, después de crear expectativas entre los ciudadanos “a los que se está defraudando”, en palabras de Mato.

Por cada euro que pone el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para la Ley de Dependencia, el Ejecutivo gallego aporta cinco, mientras que en el caso castellanoleonés, la Junta financia cuatro de cada cinco euros del coste real de este servicio.

Antón ha recordado que en la memoria financiera de la Ley de Dependencia se recogía un reparto de financiación a tres partes iguales entre administración general, autonómicas y usuarios.

“En Castilla y León la Junta y los usuarios corren con el 83 por ciento”, con lo que los dependientes “ponen más que el Estado”, que de acuerdo a los presupuestos del 2007 y 2008 ha aportado entre un diez o doce por ciento del coste de la atención a la dependencia, ha observado el conselleiro.

Aunque la Ley prevé una revisión o evaluación en 2010 para “su reajuste”, ambos responsables han reclamado que se adelante a 2009 para mejorar su gestión y la financiación y para que se desarrollen aspectos normativos pendientes, como los relativos a la formación mínima y común que deben recibir los cuidadores de los dependientes.

La conselleira gallega se ha mostrado además muy crítica con la gestión que de la Ley de Dependencia hizo el anterior Gobierno en su Comunidad, y, tras poco más de dos meses en el cargo, ha recordado que se han encontrado con 25.000 solicitudes “escondidas en un cajón”.

Explicó también que en Galicia son 79.000 las solicitudes presentadas, con 37.000 reconocidas y sólo 12.000 de grandes dependientes concedidas, en una situación que ha calificado de “alarmante”.

“La forma en la que trabaja Castilla y León la Ley de Dependencia no se parece nada a la del anterior Gobierno de Galicia”, ha insistido Mato.

Tras esta primera reunión, en la que han analizado los modelos de gestión de servicios sociales, sus ventajas e inconvenientes, los conselleiros continuarán intercambiando información para poder cerrar acuerdos más concretos en casas de acogida para mujeres, menores o programas de ocio y tiempo libre. EFE.

La Comunidad afirma que atiende a más de 229.000 dependientes

ABC.es

EFE | MADRID
La Comunidad de Madrid atiende a más de 229.000 personas con algún grado de dependencia a través de sus recursos sociales, según ha informado hoy la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

En un comunicado, la Consejería señaló que “aunque se deben adaptar dos sistemas, la Ley Estatal y la Regional de Servicios Sociales del año 2003, eso no quiere decir que se desatiendan a las personas”.

La Consejería respondió así a Ana Sánchez, de UGT, que hoy aseguró que mientras en Madrid hay más de 200.000 personas dependientes, sólo 15.601 reciben prestación.

En Madrid existen 27.000 plazas asistenciales en residencias y Centros de día para personas mayores; 17.000 para discapacitados, 115.000 teleasistencias y 70.000 ayudas a domicilio, indicaron las fuentes de Familia y Asuntos Sociales.

Agregaron que “estas cifras demuestran la prioridad que da la Comunidad de Madrid a los recursos de atención directa en lugar de las ayudas económicas, que sólo representan un 4% de los Programas de Ayuda concedidos, con lo que se cumple totalmente el precepto que establece la Ley Estatal de conceder estas ayudas con carácter excepcional”.

El 75% de la financiación, de la Comunidad
Por otro lado, el presupuesto en la atención y prevención de Dependencia es de 830 millones de euros y la Comunidad de Madrid aporta el 75% del coste de los recursos, mientras que el 12% sólo lo cubre el Estado y el 15% el ciudadano, agregaron.

La Consejería subrayó que “se da la circunstancia de que las Comunidades que aportan más en recursos asistenciales son las que menos ayudas de la Administración central reciben, ya que independientemente del coste del servicio la aportación por usuario del Estado es la misma”.

Así, el Ministerio “proporciona a la Comunidad el mismo dinero si ofrece una residencia, con un coste entre 1.800 euros y 3.000 euros al mes, que por una ayuda económica de 500 euros”.

La Ley de Dependencia ‘da trabajo’ a más de 4.300 personas en Almería

Se trata de familiares que están dados de alta en la Seguridad Social

 

EUNATE SERRANO| ALMERÍA
Con la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y la aprobación de un decreto en mayo de 2007, un total de 4.314 personas se han acogido ya al convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, según los datos del Ministerio de Trabajo. Esto significa que estas cuidadoras -el 90% de las personas que se acogen a este convenio son mujeres- no estaban afiliadas a la Seguridad Social en el momento de firmar el convenio.

Se trata de garantizar una cotización para aquellas que realizan un trabajo que, hasta ahora no estaba reconocido y que, en muchos casos, abandonan su vida laboral para cuidar a las personas dependientes. A través del convenio se establece una prestación económica destinada a contribuir con los gastos derivados de la atención prestada, por la persona cuidadora no profesional.

«Es una medida positiva para aquellas mujeres, principalmente de zonas rurales, que han cuidado de sus familiares toda su vida y cuando, por desgracia, estos fallecen ellas se ven con una avanzada edad y sin ningún tipo de cotización a la Seguridad Social», explicó Luis López, delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

López destacó en la provincia son cerca de 9.000 los cuidadores que trabajan día a día con personas dependientes, y más de la mitad ya se acogen al convenio especial. «Con el convenio especial de cuidadores no profesionales se reconoce como un trabajo el cuidado de personas dependientes», apuntó el delegado de Igualdad y Bienestar Social.

«Estas cifras sitúan a Almería, en términos relativos, como la primera provincia en la gestión de la Ley de Dependencia, ya que en comunidades más grandes como Madrid, por ejemplo, tan solo han firmado el convenio medio millar de personas», apuntó Luis López. El convenio también lo pueden firmar personas que trabajan a tiempo parcial en una empresas y desean complementar su cotización. Una decena de personas han firmado este convenio.
Prestación económica

En la provincia había a principios del mes de junio 7.812 personas valoradas como grandes dependientes o dependientes severos, a los que se les ha concedido la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. La cuantía de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar varía en función del grado de dependencia y de los ingresos de la persona dependiente. El máximo es de 519,13 euros (grandes dependientes de nivel 2) y el mínimo de 168,17 euros (dependientes severos nivel 1).

«Cuando la persona que desempeñe las funciones de cuidador no profesional haya interrumpido una actividad por cuenta ajena o propia, y estaba incluida en el sistema de la Seguridad Social, para dedicarse a la atención de la persona, podrá mantener la base de la cotización del último ejercicio en dicha actividad, siempre que resulte superior al tope mínimo del Régimen general, siendo a su cargo el coste del incremento de cotización sobre la cuantía establecido», explicó Jesús Viciana, jefe de Servicio de Valoración de Dependencia de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería.